AMERICA LATINA: Los consumidores están fuera de la integración

DESARROLLO: El mundo discute la globalización en Nueva York

AMBIENTE: Polémica colaboración de la ONU con empresas privadas

AFRICA: Seguridad alimentaria en vez de asistencia internacional

BRASIL: Rio de Janeiro supera la exclusión urbana

AMERICA LATINA: Los consumidores están fuera de la integración

por Gustavo González

SANTIAGO, 28 ago (IPS) La integración de América exige homogenizar las leyes de protección de los consumidores, que en algunos países son de vanguardia y en otros no existen.

Antonino Serra, coordinador legal de la oficina para la región de la organización Consumers International (CI), con sede en Santiago de Chile, señaló que las legislaciones de México y Brasil están "entre las mejores del mundo".

En el otro extremo están Bolivia, República Dominicana y Guatemala, que carecen de leyes de defensa de los consumidores, indicó el experto de CI, entidad cuya matriz mundial está en Londres y que cuenta con más de 200 organizaciones afiliadas en unos 200 países.

Serra describió así mismo como "muy avanzadas" las leyes de Argentina, Ecuador y Venezuela, en contraste con la normativa de Chile, que "está muy por debajo de las anteriores".

La oficina latinoamericana de CI señaló la necesidad de abrir un debate sobre la reforma y actualización de la ley vigente en Chile, según las propuestas hechas ante el parlamento por legisladores de diversas corrientes políticas.

Los derechos de los consumidores están reconocidos con rango constitucional en 11 de los 16 países latinoamericanos que han legislado al respecto, según registros de la entidad regional que dirige el chileno José Vargas.

El propósito del presidente de Chile, Ricardo Lagos, de que su país se convierta en miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), representa "una coyuntura precisa" para avanzar en la materia, indicó Serra.

Chile es desde 1996 miembro asociado del Mercosur, el bloque de integración comercial y aduanera conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, que tiene un mercado de 200 millones de consumidores.

En esos cuatro países la protección a los usuarios de servicios y compradores de bienes está reconocida en sus constituciones, lo cual no ocurre en Chile, de acuerdo con los informes comparativos suministrados por CI.

Mientras entre los socios del Mercosur están claramente establecidas las responsabilidades civiles y penales de protección a los consumidores, en Chile no está claramente delimitada en ningún cuerpo legal.

Las multas que prevé la legislación chilena para quienes violen su Ley de Defensa del Consumidor son inferiores a 1.000 dólares, en contraste con Brasil, donde éstas superan los 3.000 dólares y se aplican también penas de cárcel de hasta un año.

Otro aspecto en que Chile está en desventaja es en el alcance parcial de la protección a los consumidores, ya que los servicios básicos de energía eléctrica, gas, agua potable y telecomunicaciones se rigen por leyes especiales.

En los cuatro países del Mercosur las leyes de protección de usuarios y compradores comprenden todos los actos de consumo.

Uno de los aspectos que incorporará la ley en Chile, según las reformas propuestas, es el de la responsabilidad de las empresas constructoras e inmobiliarias por la venta de viviendas en mal estado.

Los compradores de una casa o un apartamento mal construido, así como los usuarios en general perjudicados por cortes imprevistos en el suministro de energía eléctrica no están debidamente protegidos en Chile.

Ambas situaciones, en cambio, están previstas en las leyes de protección de los consumidores de México, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina con fuertes sanciones para las empresas infractoras.

Alberto Undurraga, director del gubernamental Servicio Nacional del Consumidor de Chile, dijo este lunes al diario La Tercera que se debe modificar igualmente las condiciones para crear organizaciones de consumidores.

Los requisitos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor expedida en Chile en 1997 son tan complejos que en estos tres años se han podido constituir apenas dos organizaciones en el país, señaló Undurraga.

Tanto el funcionario gubernamental como los representantes de CI subrayaron que la existencia de grupos de consumidores fuertes y legitimados es un requisito esencial para el funcionamiento adecuado del sistema de protección a los usuarios.

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por Mark Lobel

NACIONES UNIDAS, 28 ago (IPS) Jefes de Estado, líderes religiosos y organizaciones no gubernamentales de más de 80 países se reunirán en Nueva York los próximos días para discutir la globalización y proponer estrategias para aprovecharla.

El Foro 2000 será patrocinado por el Foro del Estado del Mundo, una organización sin fines de lucro dedicada a lograr una globalización sustentable.

La reunión coincidirá con la Cumbre del Milenio que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará del 6 al 8 de septiembre. El Secretario General Kofi Annan convocó a más de 150 jefes de gobierno para que planteen en Nueva York su visión del siglo XXI.

''A diferencia de las últimas reuniones internacionales en Seattle, Davos y Washington, donde las opiniones discordantes sólo se escuchaban en la calle, en esta ocasión todos los participantes en la globalización estarán sentados a la misma mesa para discutir'', dijo Nils Hoffman, portavoz de Foro 2000.

''Las instituciones que gobiernan la globalización se limitan a los representantes de los estados soberanos, pero ésta afecta a todos en realidad. Como mínimo necesitamos crear un mecanismo para que todos los participantes puedan dialogar'', agregó Jim Garrison, presidente del Foro Estado del Mundo.

El ex presidente de la Unión Soviética y miembro fundador del Foro del Estado del Mundo, Mijaíl Gorbachov, presidirá la etapa inicial del Foro 2000, del 4 al 10 de septiembre.

Los copresidentes serán Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica, Yasuhiro Nakasone, ex primer ministro de Japón (1982-87), Jehan Sadat, ex primera dama de Egipto (1970-81), Jean-Bertrand Aristide, ex presidente de Haití (1991-1996) y el ganador del premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu.

Se espera que participen más de 1.000 personas de más de 80 países, de los ámbitos de la ciencia, la tecnología, el mundo empresarial y el de la religión.

Entre ellos estarán el presidente de la empresa de Internet America On Line, Steve Case, y el defensor de los derechos del consumidor y candidato presidencial del Partido Verde de Estados Unidos, Ralph Nader.

Más de 35 jefes de Estado fueron invitados a asistir al Foro, aunque sólo 12 aceptaron. Entre ellos están los mandatarios de Colombia, Costa Rica, Gambia, Nueva Zelanda, Senegal y Sudáfrica. Los cancilleres de Indonesia, Tailandia y Turquía también asistirán.

Un informe divulgado a los participantes del Foro 2000 ''está dirigido a convencer a la gente de que la globalización sustituyó a la guerra fría como marco organizador de los asuntos humanos'', explicó Garrison.

El Foro del Estado del Mundo analiza tendencias y proyecciones compiladas por la ONU y otros organismos dedicados al desarrollo económico, el comercio internacional, las comunicaciones, la cultura, el trabajo, el ambiente, la salud, el desarrollo humano y la religión.

El comunicado concluye que la globalización cambiará al siglo XXI tan radicalmente como la democratización lo hiciera en el siglo XX.

''La globalización se ha convertido en una fuerza poderosa. Tiene tanto poder para cambiar vidas como lo hizo el cambio de la monarquía a la democracia ocurrido en el siglo XX'', concluyó Garrison.

Como resultado de la globalización, el porcentaje de población con acceso al teléfono, la televisión, la Internet y la radio aumenta constantemente, según el informe.

''La globalización equivale a mucho más que comunicaciones y economía. También debemos interpretarla en términos de derechos de los trabajadores, ambiente, cultura, salud, ética y desarrollo'', dijo Garrison.

En 1900, ningún país permitía el derecho de voto a todos los adultos. Hoy, el sufragio es universal en 70 por ciento de los países del mundo.

En el Sur en desarrollo, donde vive 80 por ciento de la población mundial, la falta de acceso a los sistemas de comunicaciones modernos contribuyó con un crecimiento económico más lento y la brecha en el ingreso con los países ricos.

El producto bruto interno por habitante en los países ricos corresponde a 25.510 dólares por año, mientras se reduce a 520 dólares en promedio en los países de bajos ingresos.

El informe también señala que las compañías trasnacionales invierten en la creación de empleos en los países en desarrollo porque allí los salarios son más bajos. Los trabajadores también carecen de beneficios de jubilación y seguro médico, y muchos deben trabajar en situaciones de riesgo sin las debidas precauciones.

Hay cada vez más problemas de salud que sólo afectaban al mundo industrializado y ahora también se encuentran en el Sur en desarrollo, según el informe.

En 1990, entre los problemas de salud más importantes en todo el mundo están las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas y las complicaciones del embarazo.

Para el 2020 se espera que las enfermedades cardíacas, la depresión, los accidentes automovilísticos y las enfermedades cerebrovasculares sean problemas graves en todo el mundo, como ocurre actualmente en los países ricos.

Las telecomunicaciones también se consideran un importante indicador de la desigualdad mundial. El país industrial promedio tiene 251 máquinas de fax cada 10.000 habitantes, mientras la cifra corresponde a sólo cinco en los países en desarrollo.

Un habitante de un país rico hace llamadas internacionales durante un promedio de 43 minutos por año, mientras en los países pobres el promedio es de sólo tres minutos.

El Foro del Estado del Mundo realizará otra reunión similar a la del Foro 2000 en Praga, del 26 al 28 de septiembre. El segundo foro coincidirá con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, también en la capital checa.

''Necesitamos agregar un tercer ingrediente a una situación potencialmente polarizada y violenta. Los manifestantes contrarios a la globalización adquieren cada vez más apoyo del público y al parecer esto no tiene eco en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial'', dijo Garrison.

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por Danielle Knight

WASHINGTON, ago (IPS) El apoyo que brinda la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las compañías trasnacionales amenaza con socavar proyectos para proteger el ambiente, advirtieron organizaciones no gubernamentales (ONG).

La ONU debería desarrollar mecanismos independientes que hagan responsables a las trasnacionales del cumplimiento de tratados y principios internacionales sobre el ambiente, en lugar de insistir en asociarse con el sector privado, exhortaron grupos ecologistas y humanitarios.

Muchos activistas piensan que la ONU, que evaluará su futuro en la Cumbre del Milenio a realizarse en Nueva York del 6 al 8 de septiembre, se está quedando atrás en lo que respecta a la protección del ambiente.

''La pregunta milenaria para la ONU es si jugará el papel de fuerza moderadora contra las poderosas corporaciones trasnacionales y la Organización Mundial de Comercio (OMC), o si actuará de catapulta del sector privado'', dijo Joshua Karliner, director del Centro de Acción y Recursos Transnacionales (TRAC).

El mes pasado, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció la colaboración del foro mundial con 50 de las principales trasnacionales del mundo, incluyendo Shell, BP. Amoko, Nike y Dupont.

Esas empresas podrán usar el logotipo de la ONU si aplican nueve principios derivados de acuerdos de la organización sobre condiciones laborales, derechos humanos y protección ambiental.

Sin embargo, los ambientalistas sostienen que mientras la reputación de las compañías posiblemente se beneficie con el logotipo de la ONU, esos nueve principios son voluntarios y no hay un mecanismo que obligue a cumplirlos.

''La lista de firmas que participan... parece el 'quién es quién' de los victimarios del ambiente'', señaló Karliner.

Shell, por ejemplo, está acusada de contaminar tierras y colaborar con dictaduras militares en Nigeria. Otra petrolera, BP- Amoco, fue criticada por Greenpeace porque pretende buscar hidrocarburos en el Artico y porque gestiona para que se permita la exploración petrolera en el Refugio Nacional Artico de Fauna Silvestre, en Alaska.

El TRAC copatrocina un foro alternativo en Nueva York que tendrá lugar el 5 de septiembre, un día antes de la cumbre de la ONU.

Llamado ''La globalización y el papel de las Naciones Unidas'', el foro planea discutir el creciente poder e influencia de las trasnacionales y sus consecuencias para el ambiente, la pobreza, los derechos humanos y el trabajo.

Miloon Kothari, del Comité Internacional de ONG sobre Derechos Humanos en Comercio e Inversiones, con sede en India, hablará en el foro e integra un grupo de organizaciones que enviaron una nota de protesta a Annan, denunciando la colaboración con las empresas.

''La ONU debería institucionalizar mecanismos independientes que obliguen a las empresas a responsabilizarse en materia de derechos humanos y laborales, así como instrumentos y principios ambientales, en vez de buscar vagas asociaciones'', dijo Kothari.

Randy Hayes, presidente de Rainforest Action Netwok, un grupo ecologista de Estados Unidos, apuntó que todos los problemas ambientales están relacionados con cuestiones económicas, por lo cual las corporaciones deberían estar controladas por la ONU.

''Es el comercio internacional liderado por tres instituciones renegadas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio el que causa la fragmentación de la biósfera'', afirmó.

Esos tres organismos actúan en gran medida en forma independiente y con total falta del control que podría ejercer la ONU, agregó.

La OMC se convirtió el año pasado en un nombre familiar luego que 50.000 manifestantes obligaron con sus protestas a clausurar las reuniones de su tercera sesión ministerial anual en Seattle.

Ambientalistas y sindicatos afirman que la OMC corroe la democracia obligando a los países a debilitar su seguridad alimentaria y su legislación de protección ambiental en nombre del libre comercio.

''Necesitamos que la ONU obligue a esas instituciones a proteger el ambiente, no a destruirlo'', dijo Hayes, quién tambien hablará en el foro alternativo. Karliner agregó que la OMC tuvo ''un efecto congelante'' en las negociaciones sobre tratados internacionales para el ambiente.

Durante las negociaciones sobre el Protocolo de Bioseguridad, que gobierna el comercio de organismos genéticamente modificados, la mayoría de las naciones sabían que, cualquiera fuera el resultado, el acuerdo final entraría posiblemente en conflicto con la OMC.

Karliner argumentó que la ONU tiene la posibilidad de hacer que el ambiente sea una prioridad del comercio mediante tratados internacionales, como el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático y el Protocolo de Montreal sobre protección de la capa de ozono.

Sin embargo, hasta ahora las corporaciones han tenido más poder que los acuerdos internacionales sobre el ambiente.

Grandes compañías petroleras en Estados Unidos, por ejemplo, ejercen tal control sobre los legisladores en el Congreso que el Senado se negó a ratificar el Protocolo de Kyoto, frenando así la implementación internacional del tratado.

En preparación para la Cumbre del Milenio, una red internacional de ONG bajo el nombre de Acción Tierra desarrolló un plan de siete pasos que, si se implementan, harán de la ONU un organismo con los recursos y autoridad necesarios ''para resolver problemas globales que afectan a la humanidad''

Acción Tierra, con oficinas en Chile, Estados Unidos y Gran Bretaña, exhorta a los gobiernos que formen un ''consejo ambiental'' representativo capaz de adoptar decisiones obligatorias que protejan al planeta sin tener que esperar el acuerdo unánime a nivel mundial.

Ese organismo, capaz de aprobar medidas con una mayoría de dos tercios, podría crearse a partir de entidades de la ONU ya existentes, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijeron. Las decisiones del Consejo Ambiental podrían estar sujetas a la aprobación de la Asamblea General.

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por Judith Achieng

NAIROBI, 25 ago (IPS) La extrema pobreza y la inseguridad alimentaria en Africa merecerán consideración especial en la Cumbre del Milenio, como se denomina a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en la sede neoyorquina del foro mundial del 6 al 8 de septiembre.

"Es inaceptable que hoy, en la era de los grandes avances tecnológicos, 790 millones de personas de los países en desarrollo sufran hambre crónica", se lamentó el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jacques Diouf.

"El mundo produce suficiente como para alimentar a todos los que lo habitan", aseguró Diouf.

La declaración, del jefe de la FAO revela con claridad la frustación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en su intento por alimentar a la población mundial.

Pero también revela que existe esperanza de que el mundo acabe definitivamente con el hambre en este siglo, si bien no en el corto plazo.

La aspiración de la FAO llevó al secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan, a exhortar a los líderes mundiales a establecer criterios que permitan cumplir con los grandes desafíos de la humanidad en materia de alimentación.

Annan, en un informe presentado en mayo ante el Foro del Milenio, que reunió a representantes de la sociedad civil de todo el mundo, exhortó a los gobiernos a mostrar un "renovado sentido de misión" para identificar y tratar los problemas que afectan a todo el planeta.

La proposición de Annan procura además convertir a la ONU en un foro que "en verdad pueda lograr cambios palpables en la vida de la gente".

Annan pondrá énfasis en la necesidad de desarrollar estrategias agrícolas que puedan garantizar la seguridad alimentaria en Africa y acabar así con la dependencia de la ayuda internacional que aqueja al continente.

Esa fue la propuesta de Diouf cuando encabezó una gira por el Cuerno de Africa este mes. "Decidimos ir más allá de la ayuda internacional y atacar la raíz del problema", dijo Diouf a periodistas en Nariobi.

Casi 21,2 por ciento de los 840 millones de hambrientos del mundo (180 millones) viven en Africa, y las posibilidades de garantizar la seguridad alimentaria en la región son cada vez más escasas, debido a gran número de factores, entre ellos las frecuentes sequías y las interminables guerras.

Cerca de 80 por ciento de los habitantes del continente dependen directamente de la agricultura para su sustento, pero las sequías, las limitaciones de las técnicas agrícolas y la inestabilidad política conspiran para llevarlos a la extrema pobreza.

Dieciséis países de la región afrontan este año una seria escasez de alimentos y necesitarán asistencia internacional, según el último informe de la FAO sobre las perspectivas alimentarias de Africa.

La región además cuenta con escasos recursos debido a una disminución de 40 por ciento de la asistencia oficial para el desarrollo, hoy inferior a 15 dólares por habitante, según la FAO.

En los países del Cuerno de Africa (Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda) 70 millones de personas sufren hambre crónica y dependen de la asistencia alimentaria internacional regular.

"Las sequías son demasiado frecuentes en la región y duran varias estaciones. Por eso, el proceso de recuperación es muy largo", señala el último informe de la FAO titulado "Eliminando la inseguridad alimentaria en el Cuerno de Africa".

Los países de los Grandes Lagos (Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda) también afrontan serias dificultades para la provisión de alimentos, como consecuencia de la tensa situación política.

En Burundi, por ejemplo, gran cantidad de civiles residen en campamentos de desplazados, impedidos de cultivar su tierra, debido al conflicto entre el gobierno militar y los rebeldes hutu.

Los países del sur como Angola, Madagascar y Mozambique no son una excepción.

La situación alimentaria en el Cuerno de Africa es tan crítica que Annan decidió crear un grupo de trabajo para investigar las causas del problema y desarrollar una "red de acción" para solucionarlo.

"Estamos presenciando cada vez más catástrofes naturales y eso nos preocupa mucho", dijo Diouf.

La peor sequía que sufre Kenia desde que se independizó de Gran Bretaña, en 1963, afecta a 3,3 millones de personas, la mayoría integrantes de comunidades pastoriles que dependen del ganado para su subsistencia. En el árido nordeste, miles de animales murieron y muchos campesinos se suicidaron.

Mientras, la desnutrición crónica afecta a Djibouti, Etiopía y Somalia.

"Nuestros países han sido devastados. No solo perdimos nuestros medios de subsistencia por la sequía, sino que además graves enfermedades animales se propagaron en todo el territorio debido al rápido movimiento del ganado en busca de pasturas", afirmó el ministro de Agricultura de Kenia, Chris Obure.

Para paliar la crisis, el grupo de trabajo propuso medidas para mejorar la irrigación a pequeña escala, la administración de los recursos naturales, la provisión de agua y los sistemas de salud y educación.

Para Diouf, la solución del problema de la sequía en Africa reside en el control y administración del agua, que en gran parte del continente es un privilegio para pocos. Menos de uno por ciento de la tierra cultivable cuenta con irrigación, contra 37 por ciento en Asia.

"El problema básico de la sequía es el acceso al agua. Sólo cuando hayamos apelado a todas las posibilidades para controlarla se requerirán programas de mayor alcance", sostuvo.

Es necesario poner especial énfasis en atender la fragilidad de los ecosistemas, la baja productividad, las débiles infraestructuras y las limitadas opciones de supervivencia en las áreas rurales, agregó.

El proyecto contará con el apoyo de la Autoridad Intergubernamental para la Sequía (IGAD) con sede en Nairobi, un grupo creado originalmente para combatir el hambre, pero que luego tomó un papel mediador en confictos regionales.

La financiación corresponderá a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, bancos regionales y donantes bilaterales.

Annan designó a la presidenta del Programa Mundial de Alimentación, Catherine Bertini, como su enviada especial al Cuerno de Africa.

El éxito del proyecto, sin embargo, estará determinado por la voluntad de los gobiernos, resposables de convertir estos planes en hechos. "Será la única manera de que puedan liberarse de la dependencia de recursos externos", advirtió Diouf.

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por Mario Osava

RIO DE JANEIRO, ago (IPS) El gobierno municipal de Río de Janeiro lleva adelante un exitoso programa de urbanización para incluir a la población marginada en los beneficios de la ciudad.

En 2004, la mitad de los actuales marginados se habrán beneficiado con ese programa, en especial por la urbanización de las llamadas ''favelas'' (barrios pobres), ubicadas por lo general en laderas de montes, aseguró Jorge de Oliveira Rodrigues, responsable de la Secretaría Municipal de Vivienda.

Dos millones de habitantes de Río de Janeiro, poco más de un tercio del total, viven en la llamada ''ciudad informal'', formada por centenares de ''favelas'', asentamientos irregulares y conjuntos habitacionales deteriorados, sin la infraestructura, los servicios y los derechos de los cuales disfrutan los demás.

El Programa de Urbanización de Asentamientos Populares está corrigiendo esa desigualdad. Su principal componente, el proyecto Favela-Barrio, se propone beneficiar a 80 por ciento de los cerca de un millón de habitantes de ''favelas''.

Entre las obras de mayor impacto del proyecto están la construcción de carreteras para mejorar el acceso a esas áreas, sistemas de alcantarillado, plazas y otros espacios para esparcimiento y práctica de deportes, guarderías y escuelas, así como suministro de agua y energía eléctrica.

Sin embargo, el simple alineamiento de las actuales calles angostas y la numeración de las viviendas es muy importante, pues permite a los pobladores, por primera vez, tener una dirección postal, condición básica para sentirse ciudadanos y obtener crédito en el comercio y en los bancos, entre otros servicios.

Los cambios han reducido el poder de los narcotraficantes en esas áreas, porque la iluminación, la existencia de calles que facilitan el tránsito y la asignación formal de direcciones postales son enemigas de la criminalidad, señaló la dirigente comunitaria de una favela.

Favela-Barrio comenzó a ejecutarse en 1994 e incorporó con el paso de los años nuevas áreas, entre ellas alfabetización de adultos, capacitación profesional, organización de cooperativas de trabajadores, cursos de informática y otras actividades que generan empleo e ingresos, explicó Andrea Cardoso, gerente del proyecto.

Esas acciones, antes paralelas, pasaron a ser componentes del proyecto a partir del segundo contrato de financiamiento firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual aporta 60 por ciento de las inversiones, 300 millones de dólares en cada una de dos etapas.

El primer préstamo del BID benefició a 56 ''favelas''. El segundo, otorgado hace poco, se destinará a 73, las cuales se verán favorecidas por la experiencia acumulada en la primera etapa.

Existen otros programas en marcha, entre ellos uno destinado a pequeñas ''favelas'' de hasta 500 hogares y otro para legalizar la propiedad de asentamientos donde viven unas 600.000 personas.

La Secretaría de Vivienda estima que el conjunto de las acciones que se llevan a cabo habrá mejorado las condiciones de vida de por lo menos un millón de personas en 2004.

Las actuales políticas se adoptaron tras un largo proceso de discusión y de varios intentos de solución para el problema de las ''favelas'' y otras viviendas precarias.

En los años 60, la transferencia de poblaciones enteras a barrios construidos lejos del centro de la ciudad fue traumática y tuvo consecuencias negativas, ya que creó nuevos focos de pobreza y violencia.

Luego ganó terreno con lentitud la idea de transformar las propias ''favelas'' en vez de trasladar a sus habitantes a otros sitios, pero los intentos se limitaron ''a inversiones tímidas y acciones aisladas'', entre ellas las de instalar algunos sistemas de alcantarillado, apuntó Cardoso.

En 1993, con el diseño de un Plan Director, se definió por primera vez un programa integrado, basado en nuevos conceptos de ''urbanización como parte de políticas públicas'', explicó.

En vez del ''déficit de vivienda, se pasó a considerar el déficit urbano'', ya que las casas existen, y el problema es que carecen de agua, luz y otros servicios, añadió Antonio Augusto Veríssimo, subsecretario de Vivienda.

Es necesario ''construir la ciudad, no casas, llevar la ciudad a areas excluidas'', resumió Rodrigues.

El respeto a los derechos sociales de los pobladores aumentó cuando el Estado reconoció que éstos habían realizado importantes inversiones para construir sus casas y proveer a las ''favelas'' de algunos servicios. Ese reconocimiento fue la base para justificar la inversión pública en urbanización.

Los narcotraficantes dominan algunas comunidades pobres, pero eso no implicó un gran obstáculo para ejecución de los proyectos, sino ''algunos problemas específicos que fueron resueltos'', según Rodrigues.

Los mayores fueron técnicos. Era escasa o nula la experiencia de ingeniería para obras en las condiciones topográficas y de hacinamiento de las ''favelas'', y construir calles exige largas negociaciones con la comunidad y con cada poblador de las casas que deben removerse para abrir espacio, señaló.

A los desplazados se les ofrecen nuevas viviendas o indemnizaciones, y llegar a un acuerdo puede implicar un retraso de las obras, pero es muy importante porque implica respetar los derechos individuales, comentó Cardoso.

Favela-Barrio ya es ''un programa de la ciudad, no de partidos ni de gobiernos'', y su continuidad está asegurada con independencia de que el actual alcalde, Luiz Paulo Conde, sea reelegido en octubre, sostuvo Rodrigues.

El proyecto contó en varias oportunidades con apoyo de distintos partidos, incluso opositores, explicó.

El nuevo contrato con el BID tiene vigencia por cuatro años y comunidades locales ejercen fuerte presión para reclamar que se las incluya en el proyecto, añadió.

(FIN/IPS/mo/mp/dv/00)
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