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Entrevista con el presidente del Consejo Nacional del Ambiente de Perú

La cruzada andina por la Amazonía
 
por Pilar Franco

Luis Campos Baca considera que todos los países amazónicos deben unirse para evitar el uso del hongo fusariuem oxysporum, que podría desatar un caos ecológico en una zona de alta biodiversidad

Perú y el resto de países que comparten la Amazonía deben unirse en un rechazo frontal a las tentativas de usar, aún en fase experimental, el hongo fusariuem oxysporum en las tareas de erradicación de cultivos de hoja de coca. Cualquier agente externo podría crear una crisis ecológica de consecuencias impredecibles en el más grande pulmón verde del planeta.

Con esa advertencia, el presidente del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) de Perú, Luis Campos Baca, expuso a Tierramérica la urgencia de cumplir con los compromisos para garantizar la protección de la biodiversidad, a la vez de buscar soluciones junto con las comunidades autóctonas para impulsar alternativas económicas a la siembra de coca.

El funcionario participó este 2 y 3 de octubre, en la ciudad de México, en la Quinta Reunión del Comité Intersesional del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, representa el espacio político de mayor trayectoria y representatividad en la búsqueda regional de respuestas a los problemas ambientales.

Los países amazónicos deben adoptar las máximas precauciones para preservar la belleza escénica y la riqueza de los recursos naturales de un sistema tan frágil como el de la Amazonía, cuyas fronteras sólo son imaginarias, explicó el responsable de la política ambiental peruana.

"Hay que decir un no rotundo a las intenciones de utilizar ese microherbicida, que entraña graves riesgos para el medio ambiente y la salud humana, pues podría desatar el caos ecológico en una zona donde la biodiversidad es tan alta que cualquier golpe a una de sus piezas la podría derrumbar".

Campos Baca habló sobre la controversia generada en la comunidad de países andinos a mediados de este año, por la posible utilización del fusarium dentro del programa para fumigar plantaciones de coca y amapola en Colombia.

Este cuatro de octubre, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia informó que el gobierno de ese país "no acepta la propuesta planteada por el Programa Internacional de Drogas de las Naciones Unidas (UNDCP), para hacer pruebas" con el herbicida.

Ese ministerio, dirigido por Juan Mayr, definió la erradicación manual de plantaciones de coca como "una alternativa" para solucionar el problema de forma concertada con las comunidades étnicas. Esta técnica es la más conveniente por ser la que "genera menores impactos ambientales sobre los ecosistemas", agregó.

Amplios sectores en Ecuador comparten asimismo las preocupaciones en relación con las secuelas que pueda acarrear el fusarium. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana denunció la utilización del hongo en esa nación, aunque tal versión fue desmentida por las autoridades de Quito.

La indígena Corporación Arutum ecuatoriana anunció en julio último que organizó un "ejército verde" formado por mil hombres que fueron desplazados en la selva para constatar el uso del hongo, al que ese grupo define como un "arma racial".

Según expertos, las primeras aplicaciones del fusarium en algunas especies de coca fueron realizadas en Hawai, donde fue aislado y probado por científicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Frente a las posiciones que indican que el herbicida no afecta los cultivos de alimentos, el funcionario peruano sostuvo que el polémico hongo no discrimina entre los tipos de plantíos y, por lo tanto, representa un peligro para la salud humana y el medio ambiente.

El titular del CONAM admite, sin embargo, que el mayor problema ambiental que agobia a su país es la pobreza, un factor que acarrea fuertes presiones al medio ambiente.

Las poblaciones pobres recurren a los recursos que brinda la naturaleza para saciar sus necesidades básicas. En el caso de los peruanos que han vivido de la producción de coca, se trata de campesinos que mantuvieron una alta rentabilidad, una situación que plantea el gran desafío de impulsar proyectos que permitan consolidar procesos agroindustriales fuertes, afirmó.

Las acciones para sustituir los cultivos ilícitos, mejorar la infraestructura vial y financiar proyectos de producción entre los campesinos cocaleros, están en concordancia con la búsqueda de una pronta adaptación de Perú a las normas mundiales para la conservación del ambiente. Siguiendo esa ruta, el país avanza en la lucha contra la pobreza y a favor de dotar de una mejor calidad de vida a sus habitantes, señaló el funcionario.

En la última década, Perú redujo de 340 mil a 45 mil el número de hectáreas cultivadas de coca. En estos momentos, se trata además de que el plan para erradicar la producción de coca -que en ese país no ha sido prohibida de forma radical por sus implicaciones culturales-, fortalezca otras áreas como la educación y la salud, añadió el funcionario.

Para consolidar ese proceso, es necesario, dijo, considerar que las tierras dedicadas al cultivo de coca son difícilmente recuperables debido a que su composición bioquímica no es buena para sembrar otros productos.

Ante esa circunstancia, los países consumidores deben asumir su responsabilidad y compensar los costos de la erradicación de plantaciones ilícitas, las cuales proliferaron en virtud de la demanda de narcóticos, sostuvo Campos Baca.

Países como Estados Unidos deben compensar el costo de la erradicación de los cultivos de hoja de coca, pues ese proceso ha impactado de manera importante la economía nacional. Es momento de buscar con seriedad mecanismos para atenuar esos efectos, destacó.

Sobre la base de una responsabilidad compartida, los países consumidores deberán hacer más esfuerzos en términos de inversiones y de apertura de micromercados, entre otras medidas. En paralelo, añadió Campos Baca, debe establecerse una zonificación ecológica que presente en ese mapa las áreas prioritarias para implementar la sustitución de cultivos ilícitos Para estructurar una visión de las necesidades de la población que incorpore la dimensión ambiental, deben aplicarse programas que otorguen a la gente beneficios por la rica biodiversidad que alberga Perú.

Campos Baca subrayó que hasta ahora no ha sido posible que las comunidades indígenas peruanas, poseedoras de milenarios conocimientos sobre el uso de plantas medicinales, hayan recibido los beneficios por el aprovechamiento y explotación de los recursos genéticos por parte de industrias extranjeras.

Para lograrlo, señaló, es indispensable una política ambiental coherente y estable que incorpore mecanismos con la participación de la ciudadanía en la administración.

Con rango ministerial, el CONAM es el organismo que norma la política ambiental de Perú coordinando las acciones de todos los sectores de los gobiernos federal y estatales con la meta de lograr un desarrollo sostenible.

En la búsqueda de ese objetivo, durante los últimos cinco años fue creada la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Amazonía, se aprobaron las leyes Forestal y de la Fauna y la de Bioseguridad, entre otras, así como disposiciones que obligan a las empresas a someter a autorización sus programas de adecuación ambiental, precisó Campos Baca.

Para conocer más sobre el Foro de Ministros, conectar:

Sobre narcocultivos y hongo transgénico:

 

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