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Contrapunto El debate sobre el mecanismo de desarrollo limpio ¿El Sur debe pagar? Por Juan Carlos Sánchez ¿Pueden Costa Rica, Ecuador o México contribuir también al bienestar ambiental de nuestro planeta disminuyendo sus propios gases, aunque los emitan en menores cantidades? Los países industrializados tienen, a partir de Kioto, la obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que son los mayores productores de esas sustancias. De acuerdo al Protocolo de Kioto (diciembre de 1997), se comprometieron a reducir sus emisiones en 5.2 por ciento para el período 2008-2012, tomando como referencia al año 1990. Sin embargo, ¿qué pasa con el mundo en desarrollo? ¿Pueden Costa Rica, Ecuador o México contribuir también al bienestar ambiental de nuestro planeta disminuyendo sus propios gases, aunque los emitan en menores cantidades? El Protocolo de Kioto no estableció obligaciones para ellos, por considerarlas prematuras y contrarias a las necesidades de su crecimiento económico y social. Sin embargo, sí aprobó una vía alterna y exclusiva. Se trata del denominado "mecanismo de desarrollo limpio" (MDL). Este esquema permite que los países en desarrollo negocien voluntariamente la realización de proyectos de reducción de emisiones en su territorio, a ser ejecutados con recursos de los gobiernos o firmas privadas de países industrializados interesados en acreditarse dichas reducciones. Al mismo tiempo, los proyectos deben contribuir al desarrollo sostenible del país receptor. El MDL ha sido acogido con entusiasmo por varias naciones, quienes lo consideran el más importante del Protocolo. Pero hay también quienes lo objetan. Por ello, son numerosas las dificultades que deberán solventarse para lograr un consenso sobre los esquemas regulatorios e institucionales por los que se regirá este instrumento. Las controversias Quizá la mayor inquietud tiene que ver con la posibilidad de que el mundo industrializado use el MDL para eludir totalmente los esfuerzos de reducción de emisiones en su propio territorio por razones de costo. De hecho, el texto del Protocolo no requiere que los proyectos bajo el MDL representen un esfuerzo suplementario a las acciones que cada país industrializado realice internamente. Otro punto controversial es que la reducción de emisiones a ser considerada para todo proyecto bajo el MDL será sólo la adicional a la que se produciría si no se realizara dicho proyecto. Es decir, esto obliga al establecimiento de criterios que definan con claridad y precisión la noción de adicionalidad para evitar discrepancias de interpretación. Muchos países en desarrollo han comentado que la adicionalidad no debería llevarse al extremo de requerir el establecimiento de líneas base de referencia para las emisiones nacionales, pues ellos equivaldría en la práctica a la fijación de compromisos inmediatos de reducción de emisiones para dichos países. Además, están pendientes las discusiones acerca de la conformación y designación de los miembros del Consejo Ejecutivo que supervisará el MDL y la inclusión o exclusión de proyectos forestales. También se debate sobre los criterios para el seguimiento y comprobación de la reducción de emisiones durante la vida de los proyectos y la verificaciópn de la compatibilidad de éstos con las prioridades de desarrollo sostenible de los países receptores. Se prevé que los países en desarrollo sólo se interesarán en aquellos proyectos que contribuyan a la reducción de la pobreza a través del acceso a tecnologías de uso eficiente de la energía o de prácticas racionales de manejo forestal, dentro de un marco integral de fortalecimiento de la capacidad para adaptar todo eso a las circunstancias locales. La discusión sobre el MDL apenas se inicia y puede extenderse por mucho tiempo, quizás más del que fue requerido para acordar el texto del Protocolo de Kioto. Tal vez la clave para alcanzar un acuerdo con rapidez esté en priorizar durante la negociación, el balance entre los esfuerzos que realizan los países industrializados por reducir las emisiones dentro de sus fronteras y los que realizan vía MDL. Con ello, dichos países demostrarían su voluntad de asumir la cuota mayor de responsabilidad que les corresponde en la tarea de proteger el clima, al tiempo que orientarían el debate por la ruta segura de la cooperación, la reciprocidad y la equidad.
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