SANTIAGO DE CHILE.- La calle ya no es el espacio social de antaño. En Santiago de Chile, así como en todas las grandes urbes, la invasión del automóvil desplaza a los ciudadanos y el temor a la delincuencia los aísla en fortificadas viviendas.

Para el arquitecto Fernando Castillo Velasco, este fenómeno tiene raíces socioeconómicas. "Mientras más se diferencia la ciudad entre pobres y ricos, se acelera el proceso de desintegración", advierte el ex intendente de la Región Metropolitana y ex alcalde de la comuna de La Reina.

La extrema pobreza es un estigma para Santiago, como también lo es, a fin de cuentas, la extrema riqueza. Una y otra gravitan a su modo en el crecimiento urbano y los problemas ambientales que éste provoca.

Santiago, con una población de 4, 5 millones de habitantes, tiene 20.9 por ciento de pobres, es decir, alrededor de 940 mil personas, según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (casen) de noviembre de 1994.

Estos pobres pertenecen a hogares en que el ingreso promedio per cápita es inferior a 30 mil 100 pesos al mes, suma que se requiere para cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte, vivienda, vestuario, salud y educación.

Pero al interior de ese universo hay por lo menos unas 220 mil personas -equivalentes a 4.8 por ciento de la población santiaguina- cuyo ingreso al mes es menor a los 15 mil pesos. Están en condición de extrema pobreza o indigencia, ya que su ingreso no cubre siquiera el costo de una canasta básica de alimentos.

La comparación de la última encuesta casen con la realizada en 1992 muestra que el porcentaje de pobres bajó en la Región Metropolitana de 26.2 a 20.9 por ciento del total de la población, es decir, cayó 5.3 puntos. La extrema pobreza, a su vez, disminuyó sólo 1.2 puntos.

En la Región Metropolitana, la calidad de vida de la población ha mejorado en los dos últimos años, aunque las tendencias que muestra son homologables a las de todo Chile.

Anárquica expansión

Las condiciones de vida de los desposeídos constituye una de las prioridades del sexenio del presidente Eduardo Frei, quien puso en marcha en 1994 el Programa Nacional de Superación de la Pobreza.

Ahí se identifican 56 áreas territoriales de pobreza en el país, que involucran a un total de 178 municipios, de los que 31 están radicados en grandes ciudades.

En el caso de Santiago, los municipios urbanos con menores niveles de ingreso son La Pintana, Conchali, Cerro Navia y Peñalolen, a los cuales se suman -en el marco de la Región Metropolitana- las comunas semi rurales de Colina, Buin y Alhu.

La Pintana, Cerro Navia y Peñalolen sugerían hace pocas décadas parajes rurales de una vasta periferia santiaguina, al igual que gran parte de Conchali.

El que hoy formen parte del paisaje urbano y del universo de la pobreza refleja la acelerada y a menudo anárquica expansión de la ciudad, que absorbe terrenos agrícolas y forestales e invade las faldas de la cordillera.

Surgen así poblaciones con precaria infraestructura, calles sin asfaltar, alejadas de los servicios, bancos, escuelas y hospitales, a decenas de kilómetros de los habituales centros de trabajo de sus habitantes.

Para Castillo Velasco, este proceso atenta contra un real desarrollo urbano, porque destruye los espacios sociales de solidaridad comunitaria y no representa una solución real para la pobreza.

"Cuando al pueblo organizado se le abren las puertas para que -con sus propias vitalidades e iniciativas- resuelva el problema de la vivienda, es cuando puede salir de su condición", dice.

"Los actuales programas habitacionales generan nuevos ghettos, pues se construyen viviendas en determinados puntos y se selecciona gente de diversos orígenes, postergando a algunas con el criterio a veces arbitrario de la capacidad de ahorro", explica.

"En el nuevo espacio -que se establece con gente venida de diversos lugares- es imposile restablecer los antiguos lazos de solidaridad", señala el ex intendente.

Las viviendas deberían construirse en el mismo sector donde se formó la comunidad, dotándola de servicios y centros recreativos.

Para hacerlo se requiere descentralizar los recursos, desburocratizar los métodos de asignación de vivienda y radicar las decisiones en los municipios.

"El Ministerio de Vivienda invierte en soluciones habitacionales 73 mil millones de pesos al año para la Región Metropolitana. Las construye todas iguales en lugares despoblados, fuera de la ciudad, y no puede hacerlo de otra forma porque es una operación centralizada", explica el arquitecto.

Si esos fondos se distribuyeran según las carencias habitacionales, cada municipio dispondría de unos mil 500 millones de pesos al año para edificar las viviendas, el equipamiento comunitario y las obras de urbanización, junto a su población organizada.

Se trata de "construir la ciudad dentro de la ciudad", conluye Castillo Velasco.

• El autor es periodista de la red ips-pnuma