Existen cuando la actividad productiva de una persona o de una compañía causa una pérdida no compensada en el bienestar de otra. Hay una serie de instrumentos económicos para medir e intentar reponer los daños ambientales. ¿Son aplicables en América Latina? Echemos un vistazo.

¿Límite fijo o impuesto?

Predominan dos instrumentos fijados por los gobiernos: los límites obligatorios de contaminación y los impuestos. En el primer caso, puede ocurrir que todas las empresas (cualquiera que sea su tecnología) eviten las multas y contaminen hasta el nivel fijado y nada más. En cambio, en el segundo, las empresas comparan lo que cuesta el impuesto con los gastos de descontaminar, y deciden por sí mismas su nivel de polución. Si a una compañía le resulta relativamente barato descontaminar, el sistema de impuestos le puede llevar en esa dirección. Para la industria y la sociedad, el impuesto es, en principio, más “costo-efectivo” (consigue un mismo objetivo físico a menor costo) que el sistema de límite oficial.

Licencias de contaminación

Otro instrumento “verde” consiste en los permisos o licencias de contaminación. Si tomamos el ejemplo del dióxido de carbono (Co2), las empresas que tuvieran emisiones inferiores a las toleradas podrían vender sus permisos a las que necesitaran mayor rango de emisión. En un marco global, cada país podría vender la parte de la “cuota” que no utilizara a otros.

Implementación conjunta

Otra estrategia económica es la llamada “implementación conjunta”. Se es-tableció para paliar el aumento del efecto invernadero y propone que los países ricos, en vez de reducir las emisiones de Co2, “compren” los derechos de absorción de dicho químico en bosques tropicales. Existe ya un acuerdo en esta dirección entre Costa Rica y Holanda. Aquí está en juego la cuestión del derecho de propiedad. Si se reconoce a veces el derecho de propiedad sobre la absorción del Co2, ¿por qué no reconocerlo siempre? Los países ricos han echado tantas sustancias químicas que deberían responsabilizarse de ello. Reclamar esa deuda sería la mayor contribución desde el Sur a una economía más ecológica en el Norte.

Desde la sociedad civil

La aplicación de estos instrumentos es complicada. Resulta difícil establecer el límite máximo de captura de una especie, así como la “carga Crítica” de un contaminante por debajo de la cual no haya daños. Por ello, la economía ecológica insiste en el principio de precaución: “Si no sabes qué ocurrirá, no lo hagas”. Las nuevas tecnologías son fuentes de desagradable sorpresas, las decisiones apremian y existen conflictos distributivos. Por ejemplo, para disminuir las emisiones de Co2, se podría aplicar un impuesto sobre la importación de petróleo y gas, lo cual elevaría su precio y disminuiría la demanda.

Los países exportadores en el Sur que son más pobres que los mayores importadores en el Norte resultarían perjudicados. ¿Se encargaría la ONU de recoger el impuesto y canalizarlo en ayuda a los países más pobres? El mercado no lleva más hacia la pérdida de recursos naturales que a su conservación. Esta es la experiencia histórica de nuestra región. Un instrumento de política ambiental consiste en reclamar a las empresas daños y perjuicios, ¿pero en qué instancia judicial?

Las cortes de Estados Unidos han aceptado el caso DBCP, un pesticida empleado en plantaciones de banano que causa esterilidad, en cambio no fue juzgado el desastre que ocurrió en una fábrica de Union Carbide en Bhopal, India. Los “precios” de los costos ambientales dependen de instituciones sociales y de la distribución del ingreso y del poder. Pero también la sociedad civil tiene su palabra. Más allá de impuestos, multas y permisos, los ciudadanos pueden ejercer presión. Los boicots como los que tuvieron lugar contra la Shell en Alemania y Holanda o como el que se intentó contra la industria camaronera en Ecuador- son algunos ejemplos.

* el autor es español, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona

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