Tierras indígenas amenazadas

Por Gustavo González

La construcción de grandes centrales hidroeléctricas en el alto Bío-Bío, el curso fluvial más importante de Chile, crea un conflicto energético, étnico y ambiental que incluso confronta a organismos gubernamentales.

La oficial Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) interpuso el 26 de enero en los tribunales un recurso contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Sec) para declarar ilegal la construcción de la central Ralco, que inundaría las tierras de ocho comunidades pehuenches y provocaría el desplazamiento de sus 400 habitantes.

La Sec otorgó el proyecto a Endesa, el mayor consorcio de generación eléctrica del país.

Ralco sería la segunda y más grande de todas, las cuales tendrán un potencial de 2 mil 900 megavatios y aumentarán en 128 por ciento la capacidad hidroeléctrica que Chile tenía en 1988.

El consumo local de electricidad aumenta anualmente en 6.5 por ciento, lo cual implica duplicar las necesidades cada 11 años, con una demanda que tiende a ser cubierta fundamentalmente por fuentes hídricas.

Según la Comisión Nacional de Energía, si no aumenta la oferta de electricidad se creará un déficit que incrementará las tarifas, pues la demanda energética corresponde al desarrollo económico del país, que exhibe índices avanzados en el crecimiento del producto e ingreso per cápita a nivel latinoamericano.

Chile necesita incrementar sus fuentes de energía, que está obligado a obtener mediante hidroeléctricas porque carece de petróleo y, en cambio, posee ríos caudalosos.

¿Hasta dónde el desarrollo debe implicar desarraigo de parte del pueblo mapuche-pehuenche y la alteración o destrucción del ecosistema del alto Bío-Bío?

"Somos pobres y lo vamos a ser igual si aceptamos que nos cambien las tierras. No queremos dejar el lugar donde nacimos y vivimos", dice el dirigente pehuenche Antolín Curreao.

Los pehuenches, rama de la etnia mapuche, deben su nombre al pehuén o araucaria, un pino abundante en la cuenca del Bío-Bío, cuyo fruto les sirve de sustento.

Para la Conadi, el permiso a Endesa viola la Ley de Desarrollo Indígena, de 1993, según la cual las tierras indígenas no pueden ser "enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre personas o comunidades de una misma etnia".

Según el Grupo de Acción por el Bío-Bío (Gabb), además de las tierras, está amenazada la identidad cultural, étnica y comunitaria de los mapuches. La organización trató infructuosamente de impedir que el Banco Mundial, Suecia y Noruega financiaran la construcción de Pangue, pero puntualiza que Endesa se comprometió a no hacer más centrales en el Bío-Bío.

La antropóloga Katherine Bragg asegura que las represas cambiarán el carácter de la cuenca del Bío-Bío de pluvial a lacustre, con secuelas de sedimentación y erosión. Se alterará el hábitat a especies escasas o en vías de extinción.

El Gabb apunta que en Chile falta una política de ahorro energético y de fomento al uso de fuentes alternativas y de bajo impacto ambiental, como la eólica, la solar y la de minihidroeléctricas. Agrega que las construcciones del Bío-Bío serían innecesarias si se combatiera el despilfarro eléctrico y se estimulara el ahorro.

El destino de Ralco se conocerá en abril, cuando la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) se pronuncie sobre el estudio de impacto ambiental de la obra, requisito para que se autorice su edificación.

Pero el Gabb sostiene que la Conama carece de recursos para hacer un estudio, por lo cual su único referente será información de Endesa. De ahí que mientras no haya una resolución gubernamental será imposible aclarar qué tiene más importancia: las leyes ambientales y de desarrollo indígena o los intereses empresariales.

* El autor es periodista de la Red Ips-Pnuma